La eficiencia energética en los edificios desempeña un papel crucial en la lucha contra el cambio climático. Sin duda, uno de los principales responsables de la huella ambiental en Europa es el inferior o nulo empleo eficiente de la energía en las construcciones. Ante esta realidad, la Comisión Europea (CE) ha estado tomando medidas en los últimos años para encarar este difícil reto medioambiental mediante la incorporación de nuevas y más efectivas regulaciones. La más reciente, aprobada en marzo de 2023, establece la obligación para todas las viviendas de los Estados miembros de obtener un certificado de eficiencia energética de clase D en un plazo de diez años.
En este sentido, las cifras que maneja la Agencia Internacional de Energía (AIE) son contundentes y justifican las medidas de la CE. Aproximadamente el 40% del consumo energético total en la región corresponde a los edificios residenciales. Por si fuera poco, se estima que cerca del 75% de los edificios que existen en la Unión Europea no son eficientes energéticamente, lo que resulta en un desperdicio de recursos y un incremento de las emisiones contaminantes.
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Para comprender en qué consiste la certificación que la CE impuso como obligatoria para 2023, es preciso saber qué son los certificados de eficiencia. La elaboración de tales acreditaciones está a cargo de expertos y empresas autorizadas que analizan y evalúan los distintos elementos que influyen en el consumo de energía de un edificio o vivienda. Entre estos, incluimos los sistemas de climatización y ventilación y el aislamiento térmico. A día de hoy, en muchos países de la Unión Europea estos certificados son obligatorios.
Con el fin de hacerlos más comprensibles, estos documentos incluyen una etiqueta identificativa en la primera página. La misma expone con sencillez y claridad la calificación obtenida por la edificación en dos categorías que van desde la A hasta la G. Lógicamente, en esta calificación energética la A es la más alta y la G la más baja. Además, la etiqueta también muestra información sobre el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la propiedad en condiciones normales de ocupación y uso. Por ejemplo, una vivienda que obtiene la clasificación A consume un 90% menos de energía que una calificada con una letra inferior. Por su parte, una vivienda de clasificación B consume un 70% menos y una de clase C consume un 35% menos.
En marzo de 2023, la Unión Europea publicó la última modificación de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD). De acuerdo a esta normativa, a partir de enero de 2030, todas las viviendas deberán contar con un certificado de eficiencia energética de clase E, como mínimo. Además, establece otros plazos adicionales: desde enero de 2033, todas las viviendas deberán obtener el certificado de eficiencia energética D. Y en 2040 deberán alcanzar las clasificaciones A o B.
Desde 2010, la Unión Europea viene estableciendo disposiciones para transformar el parque inmobiliario en edificios altamente eficientes y descarbonizados antes de 2050. De ahí en adelante, todos los Estados miembros comenzaron a desarrollar estrategias a largo plazo para alcanzar tal objetivo.
En línea con este propósito, en 2017, la legislación española traspuso las normativas europeas vigentes en ese momento. De esta manera, estableció que a partir de 2020 todos los edificios nuevos debían tener un consumo de energía casi nulo.
Sin embargo, en estos últimos años el desafío ha sido lograr la rehabilitación energética de los edificios ya construidos, objetivo que ahora recibirá un impulso con las nuevas disposiciones. De hecho, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en nuestro país más del 80% de los edificios y viviendas tienen más de cinco décadas de antigüedad y tienen calificaciones energéticas de E, F o G.
La rehabilitación energética de los hogares constituye una acción más accesible de lo que se pudiera pensar, gracias a distintos planes impulsados por el Gobierno. En particular, debemos destacar el Programa de Ayudas para la Rehabilitación Integral de Edificios Residenciales y Viviendas, con financiación de la Unión Europea.
Este programa tiene como meta llevar a cabo 510.000 actuaciones de rehabilitación, lo que equivale a un promedio de 71.000 viviendas por año. Más de 31.100 hogares se rehabilitaron en 2019, una cifra que el Gobierno quiere aumentar diez veces para el año 2030. De tal modo, pretende llegar a 300.000 viviendas anuales. Mediante este programa y otras líneas de ayuda gubernamental, se pueden realizar diversas actuaciones en los hogares para obtener mejoras en este particular.
Algunas de ellas incluyen la mejora del aislamiento y la carpintería de los edificios, la instalación de ventanas de doble acristalamiento, la digitalización, la implementación de placas solares, el uso de la aerotermia, la mejora de la accesibilidad de los edificios, la retirada del amianto y la mejora de las zonas verdes. Todo ello facilita el logro del certificado de eficiencia energética D y hasta calificaciones más altas en menos tiempo.
Estos esfuerzos para mejorar la eficiencia energética en los hogares no solo impactan positivamente en el medio ambiente. También nos compensan con una serie de beneficios económicos y sociales considerables:
Enfrentar este desafío ambicioso es fundamental. Gracias a las nuevas normativas y ayudas oficiales, más temprano que tarde, podemos hacer realidad que la vida en nuestros hogares no amenace la estabilidad ambiental de nuestro planeta. En Hogar Sostenible creemos que las disposiciones promovidas por la UE impulsarán la innovación y la incorporación de tecnologías más eficientes en el sector construcción. En consecuencia, esto generará oportunidades de empleo y acelerará la transición hacia una sistema productivo bajo en carbono. Al apoyar la sostenibilidad, normativas como la obligatoriedad del certificado de eficiencia energética D benefician al medio ambiente y a las comunidades y economías locales.
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